Cotel perdió $us. 10 millones por Dips y Siles

"Hay responsabilidad penal y civil de los ex Consejeros de Administración y de Vigilancia de Cotel que provocaron la quiebra técnica de la telefónica, esta es un prueba plena concluyente", advirtió Borth a tiempo de hacer conocer la auditoría efectuada por la empresa consultora SIAT. El Ing. Borth señalo que los jueces que tienen bajo su competencia los juicios penales iniciados contra Dips, Siles y otros, deben administrar correcta justicia y remitir a la cárcel a Fernando Dips Zogby, Jaime Juvenal Siles Hoyos y a los otros ex Consejeros que provocaron la multimillonaria quiebra de la telefónica paceña. Expresó que siendo ilegales, habiendo fenecido en los años 2004 y 2005 el periodo de gestión, tanto Dips como Siles y los demás Consejeros se prorrogaron arbitraria, dolosa y delictivamente ocasionando graves daños y perjuicios económicos a la Cooperativa y los más de 160.000 socios.

El Ing. Borth a tiempo de hacer conocer la auditoría efectuada por la empresa consultora SIAT, que contiene más de ochocientas páginas, manifestó que las víctimas múltiples, los 160.000 socios, en forma individual o colectiva pueden interponer juicios penales en contra de los ex Consejeros.

La misma comprende las gestiones desde 2004 al 2009 en la que el principal autor de los hechos dolosos resulta ser Jaime Juvenal Siles Hoyos que detentaba arbitrariamente la Presidencia del Consejo de Vigilancia.

Cabe recordar que Dips fue detenido en celdas Judiciales y a la fecha debe presentarse a declarar Jaime Siles Hoyos, de quien se afirma "que apareció millonario de la noche a la mañana cuando prácticamente antes de ocupar el cargo en Cotel era una persona indigente"

El ex Consejero ilegal de COTEL, Fernando Dips Zogby, fue detenido y conducido a celdas de la policía judicial por orden del Fiscal de materia Dr. Félix Peralta. El Interventor Ing. Borth en dicha oportunidad informó que se procedió a la aprehensión del ilegal ex Consejero de Administración por denuncias de haber cometido graves delitos de acción pública, entre ellos haber malversado millonarios fondos económicos de COTEL, haber efectuado adquisiciones con sobreprecio y sin licitación pública, citó lo de Supercanal que tendría un sobreprecio de tres millones de dólares, hecho que se constata en el libro "Guerra total contra los ladrones" escrito por el asesor del Presidente de la República, Dr. Eusebio Gironda Cabrera, así como la adquisición ilegal de una telefónica Cruceña.

Miembros del Sindicato de Trabajadores de COTEL expresaron que el principal sujeto procesal que ha delinquido en forma cínica, extorsionando, chantajeando, haciéndose de millonarias sumas de dinero es Jaime Juvenal Siles Hoyos, que oficiaba de Presidente del Consejo de Vigilancia cuando había caducado su mandato en septiembre del año 2004.

Al respecto varios ex Consejeros de Vigilancia de COTEL reiteraron que Jaime Juvenal Siles Hoyos jamás les consultó menos les hizo conocer las condiciones y cláusulas en que se firmaba obligaciones asumiendo por propia responsabilidad e iniciativa la firma de dolosos contratos.

Los socios de COTEL expresaron que a partir de septiembre del año 2004, Jaime Juvenal Siles Hoyos no tenía representatividad ni competencia para firmar contratos. Directivos del Sindicato de la cooperativa telefónica señalaron: Jaime Siles Hoyos firmaba contratos onerosos, dolosos, leoninos, en perjuicio de COTEL seguramente por suculentas comisiones con las que adquirió inmuebles en la calle Otero de la Vega Nº 638, mismos que deben ser embargados para resarcir en algo los inconmensurables daños y perjuicios económicos causados a los socios de COTEL.

El Ing. Borth, interventor de COTEL, con documentación en mano denunció que los ex Consejeros Fernando Dips Zogby, Jaime Juvenal Siles Hoyos, Víctor Roque Guerra, Omar Sadud Guillén y otros -que en forma ilegal se prorrogaron en funciones desde septiembre del año 2004 hasta mayo de 2009-, compraron Supercanal con sobreprecio de millones de dólares así como la telefónica cruceña ITS con un sobreprecio de un millón de dólares.

Borth señaló que los denunciados tenían gastos dispendiosos, no obstante pagarse una dieta de aproximadamente Bs. 27.000 por 4 días de sesión mensual.

Es decir Bs. 6.250 por día haya o no sesión. (Mientras que los obreros apenas tienen un haber básico de Bs. 575 por mes trabajado).

"Los ex Consejeros Fernando Dips Zogby, Jaime Juvenal Siles Hoyos, Víctor Ferrel Roque Guerra, Omar Sadud y otros de Vigilancia y de Administración de COTEL, desde el momento en que se prorrogaron en funciones incurrieron en delito y en actos nulos de pleno derecho al firmar contratos con personas jurídicas y/o naturales, corresponde que cada socio de la Cooperativa en forma individual o colectiva inicie acciones penales y civiles, está probado que arbitraria, ilegal y delictivamente se prorrogaron en funciones para efectuar contratos con sobreprecios como los denunciados por el actual Interventor Ing. Bort, y el Dr. Illanes, que constituyen prueba plena", enfatizó el Dr. Luis Valencia Avendaño.

Desobediencia a Sentencia Constitucional, delito in fraganti

"Es un delito penal infraganti el haber desobedecido la sentencia constitucional que ordenó se convoque a elecciones generales de socios de COTEL el año 2006. Esa desobediencia a sentencia constitucional está penado por el Código Penal y procede la inmediata detención de Jaime Juvenal Siles Hoyos", señalaron socios de Cotel, se informó que para este lunes el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Cooperativas y el Viceministerio de cooperativas, presentará memoriales ante los Fiscales en lo Penal, adjuntado como prueba plena los documentos de auditoría efectuada por la consultora SIAT, pidiendo se libre mandamiento de aprehensión en contra de Jaime Juvenal Siles Hoyos como principal autor de los hechos delictivos ocurridos en COTEL. Recientemente se supo que Siles había contratado antisociales para que atenten contra medios de comunicación social y siendo autor material de los mismos, robo y otros delitos, se presentará nuevas querellas penales en su contra.

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Suárez rechaza acusaciones de Morales

El gobernador del Beni, Ernesto Suarez Satori, rechazó ayer las acusaciones del Presidente Evo Morales sobre un supuesto robo de recursos, destinados a la ejecución de obras, que habría cometido cuando ejercía el cargo de Prefecto de ese Departamento.

"¿Nos habrá visto el Presidente robar?, si nos vio es testigo, es cómplice", indicó Suárez en conferencia ofrecida en la Cámara de Senadores.

De esa manera, respondió al Presidente Morales, quien señaló que el pueblo no tiene la culpa que el gobernador Suárez haya robado y que ese tema está en manos de la justicia, donde la mayor parte de los Fiscales fueron designados por anteriores Gobiernos. "No me echen la culpa a mí, que se defiendan ante la justicia. ¿Cómo podemos robar la plata del pueblo?, es algo vergonzoso", manifestó.

Ante esa declaración, Suárez indicó que el Jefe de Estado no se puede manejar de manera irresponsable y sin pruebas. Además afirmó que conoce varias versiones negativas sobre Morales pero no denuncia porque considera que sería caer en el juego del Gobierno.

"Nos han dicho muchas cosas del Presidente en el Chapare pero no voy a caer en esa irresponsabilidad", enfatizó Suárez a tiempo de indicar que confío en la justicia pero no en los administradores, porque fueron designados a dedo por el Ejecutivo con la finalidad de defender los intereses del Gobierno.

"Él ha cambiado al Contralor, a Fiscales, ha realizado designaciones de Ministros y Vocales de la Corte departamentales y eso no garantiza un proceso transparente, ni garantiza un debido proceso mucho menos cuando viene con un instructivo", acotó al indicar que toda denuncia que realiza lo hace presentando documentos.

Asimismo, lamentó que el mandatario cuando era dirigente utilizaba a los medios de comunicación para decir lo que quería sin temor a ser denunciado por desacato o que vaya a la cárcel, pero cuando ejerce la función de Presidente no permite críticas "porque el todopoderoso no puede ser tocado", concluyó.

Contra herbas

Suárez llegó a la ciudad de La Paz para entregar a la brigada parlamentaria de Beni una denuncia contra el Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, por supuesta alteración en documentos aparentemente con la finalidad de acumular pruebas en sus contra.

"Varios documentos han sido modificados y cómo no he visto que haya una respuesta de la señora Nardi Suxo, he venido para presentar esta denuncia y dejarle a la brigada parlamentaria para que puedan hacer llegar la denuncia y se atienda la investigación ojalá con la celeridad como se le da a los casos que se trata de los opositores", manifestó.

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YPFB adjudicó a sociedad accidental consultoría

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación) adjudicó a la sociedad accidental Cryotec & Demison la consultoría de la Fase I del proyecto "Identificación, Caracterización y Propuesta de Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos del Estado" por 1.984.655,40 bolivianos.

La primera fase de la consultoría comprende la identificación de pasivos ubicados en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, en base a los resultados se procederá a gestionar recursos a nivel nacional e internacional a fin de encarar el tema. La segunda fase, que se iniciará el próximo año, abarcará el diagnóstico de pasivos ubicados en los departamentos de Tarija, Cochabamba y el resto del país.

"La Comisión de Calificación recomienda al Responsable del Proceso de Contratación (RPC) adjudicar la licitación pública nacional de remediación de pasivos ambientales segunda convocatoria a la asociación accidental CRYOTEC & DEMISON por cumplir con todos los aspectos técnicos, legales y administrativos solicitados en el Documento Base de Contratación (DBC), y por ser la más conveniente para los intereses de la institución", se lee en la Resolución Administrativa No. 210 del 16 de noviembre que lleva la firma del Presidente de YPFB, Carlos Villegas.

A la segunda licitación de octubre se presentaron además de la empresa adjudicada: Tarija Ecogestión, SGT, Econat LTDA y T&C. La primera convocatoria que data de julio de este año fue declarada desierta porque ninguna de las cinco empresas cumplieron con los requisitos establecidos en el Documento Base de Contrataciones.

De acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de YPFB, en el país heredó de los Gobiernos anteriores al 2006 al menos 400 pasivos ambientales (pozos petroleros) que no fueron cerrados definitivamente.

El diagnóstico ubicará los pozos, dará a conocer las condiciones actuales en las que se encuentran, si hay contaminación, las medidas más idóneas para su cierre técnico y la remediación si es que se detecta contaminación de los suelos contiguos.

El abandono definitivo de los pozos requiere de la reapertura de caminos de acceso, reacomodo de la planchada, traslado e instalación de equipos de abandono técnico del pozo a través de la cementación del mismo y el tratamiento de suelos, si es necesario.

Caminos de acceso

YPFB Corporación adjudicó a la empresa constructora Vittorio la apertura de caminos y rehabilitación de planchadas en el marco del plan de acción ambiental inmediata y abandono de los pozos SAN-X3 y SAN-X3, ubicados en el Parque Nacional Aguaragüe.

La Resolución Administrativa Número 40 emitida por la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (GNAF), el 5 de noviembre, establece que la adjudicación se realizó por el monto de Bs 651.646,20. De acuerdo a la convocatoria pública, el precio base de referencia fue 900 mil bolivianos.

Adicionalmente, la estatal petrolera declaró desierta la licitación pública nacional referente al abandono técnico de pozos San-X3 y SAN-X31 del campo Sanandita, Tarija toda vez que la propuesta económica presentada por la empresa Equipetrol S.A. supera el precio establecido en 14 por ciento al costo referencial establecido por la estatal petrolera de 1.5 millones de bolivianos".

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Armada cercan a los narcos en Río

Tiroteos aislados entre policías y narcotraficantes se registraban ayer en las favelas Complexo do Alemao, al norte de Río de Janeiro, luego de un gran operativo que el jueves expulsó a delincuentes de Vila Cruzeiro, constataron periodistas de la AFP.

Las fuerzas de seguridad conformaron un cordón de 18.300 hombres para rodear a los narcotraficantes. Según datos oficiales, los policías que operan en las calles suman 17.500 efectivos, a los cuales se agregan 800 militares que colaboran en las tareas de patrullaje.

El fuerte dispositivo de seguridad tiene el objetivo de "contención" para evitar que los delincuentes huyan del lugar y fue instalado por la policía desde tempranas horas de la mañana de ayer, mientras que patrullas fuertemente armadas recorrían las calles desiertas de la zona.

Las autoridades indicaron que no tenían previsto en lo inmediato invadir el peligroso conjunto de viviendas en el que habitan unas 400.000 personas, el tamaño de muchas pequeñas ciudades brasileñas.

"Ingresar al Alemao será un motivo de estrategia", y por el momento no está previsto, explicó Roberto Sa, subsecretario de Inteligencia del Estado de Río de Janeiro. En el Complexo do Alemao se ubica el Morro do Alemao, una de las favelas más peligrosas de Río en donde se atrincheraron traficantes que huyeron de la vecina Vila Cruzeiro, reconquistada por la policía el jueves.

En el sexto día de violencia urbana en respuesta a una ola de ataques de narcotraficantes a puestos policiales e incendios de vehículos, el saldo provisorio de los choques es de 34 muertos, según el último balance policial. El número de heridos no fue determinado y unos 100 vehículos fueron incendiados desde que los delincuentes atacaron, el domingo.

En tanto, la ciudad de Río seguía en estado de shock y el movimiento en las calles era notoriamente inferior al de un día normal, incluso en zonas consideradas más seguras, como el centro y el sur de la ciudad, que albergará una sede del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016.

Satisfechos con la cinematográfica operación policial del jueves, en la que participaron tanquetas de la marina que ingresaron a la favela, los cariocas se preguntaban cómo continuará la ofensiva de recuperación de territorio en su ciudad, que tiene decenas de favelas dominadas por el narcotráfico. Los rumores se multiplican, principalmente a través de internet, sobre el momento de una nueva acción.

Las autoridades en tanto han cerrado filas en respaldo a las acciones policiales. "Todo lo que necesiten y todo lo que podamos hacer por Río nosotros lo haremos", garantizó el presidente Luiz Inacio Lula da Silva desde Guyana, donde participó ayer de la cumbre presidencial de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

La mandataria electa, Dilma Rousseff, elogió las "medidas enérgicas en el enfrentamiento al crimen organizado" en Río, e informó que continuará prestando apoyo al Estado de Río de Janeiro para combatir la violencia cuando asuma el poder el 1 de enero.

El ministro de Defensa, Nelson Jobim viajó a Río ayer para reunirse con el gobernador Sergio Cabral, y autorizó el envío de diez blindados de transporte de personal, dos helicópteros y de 800 efectivos militares.

La espectacularidad del operativo del jueves despertó claras muestras de apoyo entre la población.  Leonardo, de 25 años, un vendedor de materiales de construcción, confirmó: "No vendo nada desde ayer, pero la acción de la policía es muy positiva".
Fotógrafo herido

El fotógrafo brasileño Paulo Whitaker, de la agencia Reuters, recibió un balazo en el hombro mientras cubría el tiroteo entre la Policía y los narcotraficantes en el cerco a la favela Complexo do Alemão. Whitaker estaba usando un chaleco antibalas

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Ángel Mantilla admite que mató a Junco

Ángel Mantilla Apaza, reo de Chonchocoro, admitió ayer haber acribillado a Carlos Alberto Junco Cáceres dentro del penal. La defensa del presunto implicado en el atraco a Vías Bolivia y los reclusos afirman que un capitán de apellido Valda le entregó el arma.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el asesino confeso (sentenciado a 30 años de prisión por violación y asesinato) alegó que el fallecido lo molestaba constantemente. “Mucho me molestaba, por eso lo hice, se hacía la burla de mí, me empujaba cuando pasaba por mi lado”.

La jueza Jhenny Prado dispuso su detención preventiva en Chonchocoro por este nuevo crimen, donde Mantilla, señalado como autor del asesinato de otros tres presos, purga su primera sentencia.

La mañana de ayer, Elba Calisaya, esposa de Junco, quien nació en Perú, estuvo en la Fiscalía de Distrito de La Paz. “Quiero que me explique, y no me voy a callar, que me diga el capitán Valda por qué antes de su muerte estaba hablando con Mantilla y de cómo sabía él que mi esposo estaba llegando (al penal después de una audiencia)”, aseveró.

La abogada de Junco, Beatriz Segales, afirmó que los reclusos de Chonchocoro le informaron que un capitán metió el arma al penal y se la entregó a Mantilla para que mate al reo peruano. “Voy a pedir al fiscal asignado que tome las declaraciones del caso porque la verdad está en esas cuatro paredes”, sostuvo Segales tras la audiencia. Ninguna de las dos proporcionó los nombres ni el segundo apellido del oficial de policía aludido.

Un interno del recinto carcelario, que pidió mantener su nombre en reserva, señaló que la población de esa penitenciaría de máxima seguridad, en la que han muerto asesinados al menos cuatro reos en el último tiempo, presume que fue este oficial el que le proporcionó a Mantilla la pistola 9 milímetros, de uso reglamentario de la Policía.  “Las requisas son estrictas, un abogado o cualquier visitante no pudo haber introducido el arma”, dijo.

Otro interno de Chonchocoro  declaró ayer a este diario que el capitán Valda trabaja en ese penal y que dos días antes de la muerte de Junco conversaba con Mantilla. En la dirección de Régimen Penitenciario se negaron a dar información sobre un capitán Valda que cumple funciones en Chonchocoro.

Durante la audiencia de medidas cautelares, Mantilla contó que la abogada de Junco, Beatriz Segales, fue quien introdujo el arma a la penitenciaría. “El día sábado (20 de noviembre), cuando vino a visitarle (a Junco), metió el arma, y eso sabía porque un compañero Efraín Gallardo me dejó una nota que decía que tenga cuidado”, dijo.

Según él, aprovechó que el preso peruano salió de Chonchocoro a una audiencia para apoderarse del arma que Junco escondía en su celda y tomar venganza. Segales se mostró ofendida por esta acusación y aseguró que el sábado la requisaron y no encontraron nada extraño. “Un arma no es como un alfiler, los policías podrían haber notado rápidamente”, indicó.

La viuda, por otra parte, reiteró  que su esposo tenía que dar información valiosa al fiscal Isabelino Gómez sobre el atraco a la oficina de Vías Bolivia, en julio, y el posterior crimen de David Olorio, involucrado en ese hecho. Este fiscal admitió que fue informado que Junco formó parte de la banda que participó en el atraco.

“De Olorio no sé nada, mi esposo nunca me habló de él porque no participó del atraco a Vías Bolivia, pero estos últimos días me dijo que estaba siendo amenazado por los mismos internos”, dijo la viuda.

“Había personas que querían acallarlo para que no pueda revelar los datos. Ellos sabían muy bien a qué hora regresaría mi marido. A veces las armas entran (al penal) con uniforme”, aseguró Calisaya ayer entre lágrimas al salir de la Fiscalía.

El ingreso del arma que utilizó Mantilla al sector de régimen cerrado de Chonchocoro resulta extraño también para los reclusos del penal. Uno de los delegados indicó “que los policías no dejan ingresar a los internos ni con cordones (de zapatos) ni con cinturones. “¿Cómo pudo ingresar el arma?, eso se puede deducir fácilmente”, advirtió el interno.

Contó que el miércoles, cuando Junco regresó al penal de máxima seguridad cerca del mediodía, en el lugar donde realizan requisas vio a ocho policías. “Ese rato apareció Mantilla, nadie le dijo nada, nadie ha hecho nada y de pronto sacó el arma y le disparó. Los policías se quedaron parados, no hicieron absolutamente nada. La única que reaccionó fue la dentista del penal y gritó para que alguien lleve una camilla”, contó.

Además refirió que el gobernador suspendido, teniente coronel Hernán Ramírez, observó el hecho desde unos 10 metros de distancia. “Él ni se paró, parece que se quedó asustado y recién después de algunos minutos pidió la ambulancia”.

Los presos entrevistados por este diario también informaron que Mantilla, pese a estar en un régimen de castigo, gozaba de algunos privilegios, como un televisor en su celda y salidas extrajudiciales.
Algunos detalles del caso
-Hace 15 días, Carlos Alberto Junco regresó al penal de Chonchocoro tras una determinación de la dirección de Régimen Penitenciario en base a la nueva Ley 007 que establece enviar a ese penal a delincuentes de alta peligrosidad.
-Su defensa pidió que se lo lleve a la cárcel de San Pedro y la audiencia para esa solicitud tenía que ser hoy.
Testimonios
Elba Calisaya: ‘Mi  integridad corre peligro’
Yo ya no puedo salir sola. Mi integridad y mi familia corremos peligro porque estamos recibiendo llamadas anónimas que nos insultan y (personas) nos dicen que nos van a matar si seguimos hablando. Mi esposo no tenía nada que ver en todos los procesos, pero igual nos amenazan. Incluso mi abogada recibe amenazas de muerte.
Interno: ‘Que a Mantilla lo envíen a otro penal’
“La población está en estado de emergencia por el asesinato de Carlos Junco. Queremos que a Ángel Mantilla se lo traslade a otro penal de seguridad como Cantumarca (Potosí) o El Abra (Cochabamba). Nuestra vida está en peligro”, dijo uno de los reclusos. También piden el traslado de los reos Eladio Cruz y Sergio Frías por su peligrosidad

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Tendieron una trampa a Junco en Chonchocoro

El Defensor del Pueblo invocó al Ministerio Público a investigar profundamente los indicios preliminares levantados en Chonchocoro, que apuntan a que Carlos Alberto Junco Cáceres fue víctima de una trampa para ser asesinado el miércoles en el penal de máxima seguridad del altiplano.
El defensor Rolando Villena coincidió con la mayor parte de los elementos descritos por un allegado al fallecido, aunque aclaró que sólo se trata de indicios que deben ser verificados o descartados por los peritos de la Fiscalía.
El informante denunció que después de haberse suspendido la audiencia por el atraco a la remesa de Brinks, ocurrido en mayo de 2009, Junco Cáceres fue trasladado de regreso al centro penitenciario altiplánico.
Cuando el vehículo alcanzó la escuela de la comunidad de Chonchocoro, a más o menos 350 metros del ingreso al reclusorio, “un policía se acercó e intercambió palabras con el chofer. Después, el carro llegó al penal”.
De acuerdo con esa versión, Junco Cáceres fue escoltado hasta superar el primer control, un lugar donde habitualmente debe haber seis efectivos mujeres y seis varones, quienes se encargan de requisar a los visitantes.
“Justo en ese momento no había un solo policía y la reja fue cerrada con candado, a sus espaldas”.
Ingresó en un canchón rodeado con malla olímpica. Las puertas de ingreso a los pabellones no podían ser franqueadas por las gruesas cadenas y candados que impedían el paso.
Al costado izquierdo del ingreso se encuentra el pabellón de régimen cerrado. Los reclusos destinados a esa área permanecen 23 horas en celdas bipersonales y reciben una hora de sol.
Sin embargo, ese miércoles, se dio la orden de que se haga el aseo del lugar y las celdas fueron abiertas a las 08.15. Casi cuatro horas más tarde, esas habitaciones no habían sido cerradas.
El área de ingreso estaba vacía, pero de uno de los ambientes salió Ángel Fernando Mantilla Apaza, quien, a través del alambrado, vació el contenido del cargador de una pistola Taurus de calibre nueve milímetros.
Algunos reos paseaban por un sector externo al área y fueron testigos del asesinato. Éstos reaccionaron, impotentes, y sólo pudieron lanzar piedras e insultar al asesino confeso, quien ya cumple una condena de 30 años sin derecho a indulto por violación y asesinato. Una nueva sentencia no le sumará un solo día a la pena que purga.
Mantilla Apaza arrojó el arma al suelo y volvió a su celda. En el camino, dicen que fue felicitado por otro interno.
Minutos después, aparecieron los policías que provenían del sector donde se encontraba el departamento del ex dictador Luis García Meza, quien fue trasladado en los días precedentes a la población penal.
Los uniformados recogieron a Junco. Ese día, el médico no concurrió a sus labores, sólo estaba la dentista que auxilió al herido, y después de algunos instantes fue llevado a una posta médica próxima.
Era tal la gravedad de las lesiones del peruano que fue trasladado al hospital Corea, donde murió.
La cuenta por la atención ascendió a 52 bolivianos. Sólo pudieron aplicarle algunos apósitos. Ya era tarde para intentar una operación u otro tratamiento.
Elba Calisaya, la viuda de Junco, anunció ayer que, después de concluir los trámites legales, esta madrugada, llegará el cadáver a Perú para sepultarlo.
“Temo por mi vida, exijo que se me dé garantías. Hasta mi abogada ha sido amenazada y amedrentada”.
Mantilla declara su culpa
Ángel Fernando Mantilla Apaza admitió ayer ante la juez Jenny Prado, de El Alto, haber asesinado a Carlos Alberto Junco Cáceres. Dijo que lo hizo porque en los últimos días recibió amenazas escritas de muerte, que atribuyó al peruano.
Mantilla Apaza cumplió seis y medio de los 30 años sin derecho a indulto a los que fue condenado por la violación y el asesinato de una joven trinitaria el 25 de julio de 2004.
Después de escuchar la confesión del reo rematado, la juez Prado dispuso que Mantilla continúe en presidio sin el goce de derecho alguno. Denunció además que fue la abogada Beatriz Segales, defensora de Junco, quien introdujo el sábado pasado el arma, una pistola automática de calibre nueve milímetros, con la que victimó al detenido de nacionalidad peruana.
La jurista rechazó, indignada, la versión. “Había recibido tantas amenazas que decidí dejar el caso, pero ahora, ante esta infamia, iniciaré un juicio por calumnia”. La Fiscalía investiga también a William Luna, funcionario de Régimen Penitenciario, por la introducción del arma homicida a esa cárcel.
¿Recaudador de Sendero?
Una fuente del Ministerio Público reveló ayer que el fallecido Carlos Alberto Junco Cáceres era uno de los recaudadores de Sendero Luminoso, organización a la que remitía el producto de los atracos en los que intervino.
La fuente declaró a la agencia noticiosa DPA, que transcribió ayer el diario limeño Perú.21, que “Junco decía que era (oriundo de) El Callao y era considerado un delincuente de alta peligrosidad, y en varias ocasiones se declaró ex integrante de Sendero Luminoso. Él estuvo involucrado en dos intentos de fuga del penal de Chonchocoro y en una oportunidad fue sorprendido en poder de granadas de guerra y armas de fuego”.
Junco era sospechoso de haber intervenido en unos 10 atracos, en los que los delincuentes obtuvieron, según el mencionado diario peruano, alrededor de 30 millones de bolivianos. En tales acciones murieron dos policías y tres civiles; había sido condenado a 20 años de presidio por robo agravado, tentativa de asesinato y asociación delictuosa, aunque se benefició con libertad condicional.

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Saúr Mamani fue rescatado sin vida

E l joven minero Saúr Mamani, de 25 años, fue encontrado sin vida la mañana de ayer en la mina La Solución, ubicada en el sector de Hampaturi del municipio de La Paz. Hace una semana, un depósito de lama se rompió e inundó la bocamina donde Mamani, junto con Ramón Choque, quedó atrapado.
La información corresponde al mayor Guillermo Chacón, subcomandante de la Unidad de Bomberos Antofagasta, quien dijo a Erbol que se encontró el cuerpo sin vida del segundo minero atrapado en la mina aproximadamente a las 07.00. “Queríamos encontrar con vida a esta persona, pero la lama que cayó a interior mina de un depósito fue mucha y había penetrado a varios sectores. El cuerpo (de Mamani) estaba lleno de lodo y fue difícil sacarlo”.
Según relató la autoridad, la noche del jueves llegaron al tope de la mina, en el nivel cero, pero no hallaron el cuerpo del trabajador, por lo que procedieron a buscar otros orificios y finalmente encontraron al minero en uno de los ductos de salida a un piso superior. Mamani deja sola a su esposa Rosa Valencia y en la orfandad a tres hijos. El minero, luego de ser sacado de este socavón, fue recibido por su familia en medio de llanto y dolor, pues ellos esperaban que fuera encontrado con vida. Tras realizar una especie de velorio simbólico en la mina, fue trasladado hasta la morgue del Hospital de Clínicas, donde le hicieron la autopsia que manda la ley.
Posteriormente, fue llevado a la Funeraria Valdivia, donde será velado, para luego ser enterrado en Hampaturi. La esposa de Mamani, visiblemente afectada, habló con los medios y comentó que funcionarios del Ministerio de Minería le expresaron las condolencias y le adelantaron que el presidente Evo Morales la recibirá en una audiencia. “Necesito apoyo para que mis hijos salgan bachilleres”.
Por la mañana, el Mandatario aseguró que brindará la ayuda a la familia del minero fallecido. “No es ninguna cooperación, es una obligación. Nos informaron que se rescató sin vida y lamentamos mucho”.
Mientras eso acontecía, el Ministerio de Minería adelantó que la reanudación de las operaciones en La Solución depende del resultado de la auditoría técnica que realizará este despacho. El anuncio no cayó bien a los mineros que aún trabajan en ese sector, toda vez que pretendían retomar labores luego de rescatar a Mamani.

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Los Puentes Trillizos

Para el alcalde paceño, Luis Revilla, los Puentes Trillizos son el símbolo de la modernidad y la transformación de la ciudad de La Paz. Éstos serán inaugurados oficialmente mañana en un gran acto que espera convocar a altas autoridades de Estado, así como a la ciudadanía.
“El proyecto de los Puentes Trillizos no fue un proyecto improvisado, sino que fue imaginado por urbanistas y arquitectos hace más de 20 años. Por eso, más allá de las diferencias o situaciones políticas, hay que tener en cuenta que ésta es la obra de mayor envergadura de la historia de la urbe, que simboliza la transformación y la modernidad de la ciudad de La Paz”.
A partir de la entrega de la obra, los puentes comenzarán a utilizar los nombres que fueron elegidos mediante un concurso. El Orkojahuira, que une IV Centenario con Miraflores, llevará el nombre de Independencia. El Choqueyapu, que conecta a Miraflores con San Jorge, se llamará Unión y el Kantutani, que va desde San Jorge hasta Sopocachi, será denominado Libertad.
En criterio de la autoridad, con la inauguración de la megainfraestructura se inicia la unión vial entre las laderas este y oeste de la ciudad. “Se está cerrando un cinturón vial, porque puedes transitar desde la avenida Buenos Aires, Periférica, conectas con la Zavaleta y damos con el puente Orkojahuira, y cruzando los puentes, te vas a poder conectar otra vez con la (avenida) Buenos Aires. Son un excelente mecanismo de conexión metropolitana”.
Según datos de la Alcaldía, una persona puede cruzar a pie los tres puentes en aproximadamente siete minutos. Mientras que en un vehículo, el recorrido puede hacerse en tres minutos. Con estos datos, el municipio iniciará los estudios sobre el flujo vehicular que se registrará a partir del lunes. Paralelamente, se comenzará a analizar las posibles rutas de transporte público, lo que durará aproximadamente tres meses.
“Éste es un acontecimiento importante, por eso he invitado al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, a los ministros y presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa, para que compartan con nosotros este logro. Espero que nos acompañen”.
Tras la inauguración, se prevé que los Puentes Trillizos sean habilitados para los vehículos y el público en general el mismo domingo a partir de las 18.00.
La inauguración será a las 09.00
El acto de inauguración de los Puentes Trillizos comenzará mañana a las 09.00. La concentración será en la rotonda de acceso al puente Independencia en la zona IV Centenario, donde empezará el recorrido de autoridades nacionales y municipales. El acto central se realizará en el viaducto de la avenida Los Leones.
Luego de ese momento, se tiene previsto el inicio de una movilización ciudadana con la participación de obreros, deportistas, novios, grupos folklóricos, motoqueros, clubes deportivos, personajes paceños, unidades educativas, autos antiguos y líneas de micros y colectivos, entre otros.
Sólo se podrá auditar los Trillizos dentro de un año
Luis Revilla: En entrevista con La Prensa, el Alcalde de La Paz explica por qué todavía no se puede investigar la construcción de la megainfraestructura que será inaugurada mañana.
Un tiempo de prueba de un año es el plazo dentro del contrato que salva a los Puentes Trillizos, por el momento, de ser auditados por la Contraloría. Así lo sostiene el alcalde Luis Revilla, quien considera que alguna acción fuera de ese periodo será una maniobra política para sacarlo de la Alcaldía.
—Luego de tantas dificultades, ¿qué significa para usted la entrega de los Trillizos?
—Cierra un primer pequeño momento de la nueva gestión municipal. En enero comenzará una nueva etapa que viene con más desafíos. En el caso de los puentes, hemos tenido que superar obstáculos para hacer realidad este sueño, después de que se sembraron dudas en su construcción por la arremetida política, juicios de valor adelantados de altos personeros del Estado, sin haber terminado la obra. Ante ello, tenía la obligación de garantizar al cien por ciento la durabilidad y la calidad de las obras. Por eso decidí llevar adelante un examen riguroso de los puentes, con prueba de carga dinámica, cuyos resultados fueron favorables.
—El Gobierno ya anunció una auditoría a los Trillizos...
—Es posible que, tal como lo han adelantado y han amenazado, apenas se entreguen los puentes tengamos una nueva arremetida política, pero nosotros tenemos todos los elementos e instrumentos para demostrar que la obra está garantizada y que tiene todos los respaldos técnicos y legales para su ejecución (...) Además, las normas nacionales establecen que una auditoría se tiene que hacer a una obra concluida, es decir, desde el momento que se ha hecho la recepción definitiva de la obra. El contrato, que está suscrito con la asociación Progreso, señala que se hizo una entrega provisional, que es la puesta en funcionamiento; luego hay un año para llevar adelante la recepción definitiva porque, en ese año, el municipio tiene que evaluar el comportamiento de los puentes como en cualquier obra.
Si se identificara algún tipo de aspecto que deba ser subsanado, la empresa tiene ese año para cumplir con estas tareas y luego se hace la recepción definitiva de la obra. Es entonces que efectivamente se puede hacer la auditoría, eso se hace con cualquier obra.
—¿La Contraloría continúa solicitando información sobre los Trillizos?
—Sí. Dada la inusual atención que le está dando la Contraloría a este tema, hemos establecido un cronograma para entregar los documentos que están requiriendo, pero teniendo en claro que la auditoría se tiene que empezar una vez hecha la recepción definitiva de la obra. Ojalá que se cumplan esos procedimientos y no nos sorprenda la Contraloría con violar los procedimientos y la normativa con la única intencionalidad de perjudicar, como se hizo en el caso de los gastos de representación que tenían la finalidad de hacer una acusación y destituir al Alcalde paceño.
Accesos y nuevas vías
Los Puentes Trillizos, Independencia, Unión y Libertad, tienen rotondas y nuevos accesos en las zonas de las laderas.
El acceso a Kantutani conecta la avenida Francisco Bedregal de Sopocachi Bajo con el puente Libertad.
Entre los puentes Libertad y Unión se encuentra el distribuidor San Jorge, con el que se amplió la vía final Arce.
Los Trillizos también cuentan con el viaducto Los Leones, el que conecta los puentes Unión e Independencia.
En el sector IV Centenario se reconstruyó la calle Inca, que conecta el puente Independencia con la avenida Zavaleta.
En ese sector se construyó una rotonda que distribuirá el flujo vehicular hacia y desde IV Centenario, y a Alto Obrajes.

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