Impacto Informativo

Terrorismo: El unionista detenido identificó al Comandante de la disuelta UTARC en el stand de Cotas en febrero. Inteligencia tiene otra versión.

Era “medio indiecito, de pelo largo y con una cicatriz encima de una ceja”. Así describió el ex unionista Juan Carlos Gueder al capitán Wálter Andrade, comandante de la disuelta UTARC, cuando lo vio por primera vez en el campo ferial cruceño, antes de Carnavales.

Gueder Bruno fue aprehendido por la Fiscalía el 29 de abril en Santa Cruz de la Sierra junto con Alcides Mendoza, otro ex integrante de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), y trasladado por la fuerza a La Paz.

Un día después, Gueder reveló a los medios que Mendoza lo puso en contacto con el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, quien le pidió que le consiga armas para la defensa de Santa Cruz.

Le vendió una vieja ametralladora Brno con dos cacerinas hechas artesanalmente en 1.300 dólares, aunque la entrega de los últimos implementos demandó alrededor de dos meses, mientras que le dio la primera en enero de este año.

El imputado por terrorismo y alzamiento armado declaró hace 36 días, cuando llegó a La Paz por segunda vez, que Rózsa Flores amenazó con matarlo por la demora en la entrega de los recipientes para la munición.

El aprehendido dijo que mientras entregaba la ametralladora a Rózsa, en la parte exterior del stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) se encontraba “Andrade” —así lo llama— junto con Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, y otras personas.

Incluso, Gueder sostuvo que Villa Vargas presentó a Andrade como un especialista en explosivos, que formó parte de Sendero Luminoso y que ostentaba una herida de bala en un pie.

“Tenía un hueco”. La lesión fue causada por un proyectil de nueve milímetros, de reglamento en la Policía.

Sin embargo, en declaraciones prestadas a los medios el martes 10, el director nacional de Inteligencia de la Policía, coronel Jorge Santiesteban, expresó: “Debo manifestar que en el mes de marzo se tomó contacto con el informante Villa Vargas, el que manifestó y dio a conocer sobre un grupo armado de alta peligrosidad que estaba realizando actividades sospechosas en la ciudad de Santa Cruz y que los miembros eran gente extranjera”.

Este año, los Carnavales se celebraron entre el 22 y el 24 de febrero. Si se considera que la entrega de las cacerinas demandó más o menos dos meses, se concluye que la entrega de la Brno se realizó a principios de febrero, pues Rózsa Flores y dos de sus camaradas fueron abatidos por una operativo policial el 16 de abril.

Jorge Santiesteban aseveró, también, que “la unidad de Inteligencia no tenía ningún infiltrado en el grupo terrorista, tenía conocimiento sobre el atentado en la ciudad de Santa Cruz en el caso del Cardenal. No teníamos conocimiento y los objetivos inmediatos del grupo terrorista, por otra parte, se perdió contacto con el informante Villa Vargas”.

Gueder confirmó el lunes a la red PAT que “la última vez que fui a dejarle el arma a Rózsa, él estaba ahí con Andrade, que se hacía pasar por capitán de Sendero Luminoso. Yo creo que soplaba a ambos lados, porque para compartir fiestas como un supuesto infiltrado con el capitán Andrade, los veo muy irónico, como para hacerse la burla de la inteligencia de nosotros”.

El jefe policial mencionó que cuando se recibió la información de Villa Vargas, el grupo se hospedaba en el hotel Asturias, en el que Rózsa Flores y los suyos estuvieron entre el 12 de enero y el 3 de abril.

Bajo el mando de Andrade, la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC) llevó adelante la acción del 16 de abril, que desbarató al grupo irregular.

Inteligencia dijo que Andrade se reunió con Rózsa desde marzo.

Gobierno recusó a 10 magistrados

Con memoriales que prácticamente tienen el mismo contenido, el Ministerio de Gobierno recusó a los 10 jueces penales cautelares de la Corte de La Paz para que no reciban el fallo de la acción de libertad que Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza ganaron en la jurisdicción de Santa Cruz.

Los 10 magistrados rechazaron los recursos firmados por los abogados Boris Villegas y Denis Rodas, del Ministerio de Gobierno, pero ninguno puede retomar el conocimiento de la causa mientras la Corte Superior de Distrito no se pronuncie.

Sin embargo, el extravío de notificaciones al Ministerio de Gobierno impide que el máximo organismo de justicia de La Paz se reúna para analizar el contenido de las recusaciones, que en todos los casos alegan los incisos 1 y 5 del artículo 316 del Código de Procedimiento Penal, que estipula las causas por las que puede solicitar otro juzgador.

Entretanto, una orden emitida por el juez cruceño Luis Tapia Pachi para que el expediente del caso terrorismo sea enviado a Santa Cruz no será acatada. Aunque no hay autoridad responsable para definir el envío de los documentos, se conoció ayer que el fiscal Marcelo Soza se mantendrá como director de la investigación.

Policía declaró ante la Fiscalía

La dragoneante Marilin Vargas Villca, alias “Karen”, compareció ayer por la mañana ante el fiscal Prudencio Flores para formalizar la denuncia contra los diputados Bernardo Montenegro, Pablo Banegas y Marisol Abán por uso de instrumento falsificado y falsedad material e ideológica.

“Karen” sostiene que no firmó la carta que acompaña un video del operativo del 16 de abril, en el que Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Micheal Dwyer murieron, documento gráfico que fue empleado por los parlamentarios opositores.

Al salir del Ministerio Público, Vargas Villca cubrió su rostro con la visera de una gorra y fue llevada por un fornido oficial. Ambos corrieron para evitar que la efectiva de Inteligencia sea entrevistada y su rostro sea conocido públicamente.

Al término de la sesión, Flores dijo que “la víctima entregó pruebas que demuestran el extremo denunciado”, aunque no quiso decir cuáles fueron éstas, “porque el caso se encuentra bajo investigación”.

El representante de la Fiscalía anunció que este jueves, los parlamentarios contra quienes se abrió proceso deberán prestar sus declaraciones informativas y que su condición de representantes nacionales no impedirá que sean enjuiciados, si fuera necesario.

LA PRENSA