Impacto Informativo

El Defensor del Pueblo invocó al Ministerio Público a investigar profundamente los indicios preliminares levantados en Chonchocoro, que apuntan a que Carlos Alberto Junco Cáceres fue víctima de una trampa para ser asesinado el miércoles en el penal de máxima seguridad del altiplano.
El defensor Rolando Villena coincidió con la mayor parte de los elementos descritos por un allegado al fallecido, aunque aclaró que sólo se trata de indicios que deben ser verificados o descartados por los peritos de la Fiscalía.
El informante denunció que después de haberse suspendido la audiencia por el atraco a la remesa de Brinks, ocurrido en mayo de 2009, Junco Cáceres fue trasladado de regreso al centro penitenciario altiplánico.
Cuando el vehículo alcanzó la escuela de la comunidad de Chonchocoro, a más o menos 350 metros del ingreso al reclusorio, “un policía se acercó e intercambió palabras con el chofer. Después, el carro llegó al penal”.
De acuerdo con esa versión, Junco Cáceres fue escoltado hasta superar el primer control, un lugar donde habitualmente debe haber seis efectivos mujeres y seis varones, quienes se encargan de requisar a los visitantes.
“Justo en ese momento no había un solo policía y la reja fue cerrada con candado, a sus espaldas”.
Ingresó en un canchón rodeado con malla olímpica. Las puertas de ingreso a los pabellones no podían ser franqueadas por las gruesas cadenas y candados que impedían el paso.
Al costado izquierdo del ingreso se encuentra el pabellón de régimen cerrado. Los reclusos destinados a esa área permanecen 23 horas en celdas bipersonales y reciben una hora de sol.
Sin embargo, ese miércoles, se dio la orden de que se haga el aseo del lugar y las celdas fueron abiertas a las 08.15. Casi cuatro horas más tarde, esas habitaciones no habían sido cerradas.
El área de ingreso estaba vacía, pero de uno de los ambientes salió Ángel Fernando Mantilla Apaza, quien, a través del alambrado, vació el contenido del cargador de una pistola Taurus de calibre nueve milímetros.
Algunos reos paseaban por un sector externo al área y fueron testigos del asesinato. Éstos reaccionaron, impotentes, y sólo pudieron lanzar piedras e insultar al asesino confeso, quien ya cumple una condena de 30 años sin derecho a indulto por violación y asesinato. Una nueva sentencia no le sumará un solo día a la pena que purga.
Mantilla Apaza arrojó el arma al suelo y volvió a su celda. En el camino, dicen que fue felicitado por otro interno.
Minutos después, aparecieron los policías que provenían del sector donde se encontraba el departamento del ex dictador Luis García Meza, quien fue trasladado en los días precedentes a la población penal.
Los uniformados recogieron a Junco. Ese día, el médico no concurrió a sus labores, sólo estaba la dentista que auxilió al herido, y después de algunos instantes fue llevado a una posta médica próxima.
Era tal la gravedad de las lesiones del peruano que fue trasladado al hospital Corea, donde murió.
La cuenta por la atención ascendió a 52 bolivianos. Sólo pudieron aplicarle algunos apósitos. Ya era tarde para intentar una operación u otro tratamiento.
Elba Calisaya, la viuda de Junco, anunció ayer que, después de concluir los trámites legales, esta madrugada, llegará el cadáver a Perú para sepultarlo.
“Temo por mi vida, exijo que se me dé garantías. Hasta mi abogada ha sido amenazada y amedrentada”.
Mantilla declara su culpa
Ángel Fernando Mantilla Apaza admitió ayer ante la juez Jenny Prado, de El Alto, haber asesinado a Carlos Alberto Junco Cáceres. Dijo que lo hizo porque en los últimos días recibió amenazas escritas de muerte, que atribuyó al peruano.
Mantilla Apaza cumplió seis y medio de los 30 años sin derecho a indulto a los que fue condenado por la violación y el asesinato de una joven trinitaria el 25 de julio de 2004.
Después de escuchar la confesión del reo rematado, la juez Prado dispuso que Mantilla continúe en presidio sin el goce de derecho alguno. Denunció además que fue la abogada Beatriz Segales, defensora de Junco, quien introdujo el sábado pasado el arma, una pistola automática de calibre nueve milímetros, con la que victimó al detenido de nacionalidad peruana.
La jurista rechazó, indignada, la versión. “Había recibido tantas amenazas que decidí dejar el caso, pero ahora, ante esta infamia, iniciaré un juicio por calumnia”. La Fiscalía investiga también a William Luna, funcionario de Régimen Penitenciario, por la introducción del arma homicida a esa cárcel.
¿Recaudador de Sendero?
Una fuente del Ministerio Público reveló ayer que el fallecido Carlos Alberto Junco Cáceres era uno de los recaudadores de Sendero Luminoso, organización a la que remitía el producto de los atracos en los que intervino.
La fuente declaró a la agencia noticiosa DPA, que transcribió ayer el diario limeño Perú.21, que “Junco decía que era (oriundo de) El Callao y era considerado un delincuente de alta peligrosidad, y en varias ocasiones se declaró ex integrante de Sendero Luminoso. Él estuvo involucrado en dos intentos de fuga del penal de Chonchocoro y en una oportunidad fue sorprendido en poder de granadas de guerra y armas de fuego”.
Junco era sospechoso de haber intervenido en unos 10 atracos, en los que los delincuentes obtuvieron, según el mencionado diario peruano, alrededor de 30 millones de bolivianos. En tales acciones murieron dos policías y tres civiles; había sido condenado a 20 años de presidio por robo agravado, tentativa de asesinato y asociación delictuosa, aunque se benefició con libertad condicional.