Impacto Informativo

  A las 23.21 del 14 de diciembre de 2007, el entonces consejero político de la Embajada de Estados Unidos en La Paz y actual vocero de la Casa Blanca en temas de seguridad nacional, Mike Hammer, reportó a Washington que Hugo Chávez compra la lealtad de militares del Ejército boliviano.
Tres semanas antes, tres personas habían muerto en los enfrentamientos de La Calancha, en la ciudad de Sucre. Cinco días antes, la Asamblea Constituyente había aprobado en Oruro el texto de la nueva Constitución Política y la administración Morales no podía ufanarse de la estabilidad que actualmente ostenta.
Eran días de conflicto y durante los siguientes nueve meses la confrontación entre el Gobierno y la “media luna” alcanzaría sus puntos máximos. Hammer informó a sus superiores de la Oficina Oval que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Wilfredo Vargas, declaró que las tropas intervendrían en las regiones opositoras sólo si la integridad del país era puesta en riesgo o si Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y algún otro departamento se declaraban independientes.
Hasta ese momento, Vargas era considerado como “un enigma” para Washington, ante la eventualidad de que Morales pretendiera utilizar a las Fuerzas Armadas para preservar el orden interno, algo a lo que los uniformados se oponían. El funcionario reportó que si, ante la ofensiva de los opositores atrincherados en sus regiones, Evo Morales diera una orden para que los militares actúen en función policial, los militares podrían dividirse.
El reporte secreto da cuenta de que, “aunque los bonus venezolanos han cimentado algunas lealtades, también han creado mucho resentimiento entre los rangos medios y bajos al costo significativo de legitimidad para el Alto Mando”.
Según Efe, uno de los cables filtrados por WikiLeaks al diario El País señala que “contactos militares están preocupados porque unos pocos comandantes tal vez obedecen órdenes para poner en marcha un estado policial. Su lealtad está desgastada por los pagos venezolanos”.
Ese mismo día, el vicepresidente Álvaro García confirmó en una reunión que sostuvo con el entonces embajador Philip Goldberg que el Gobierno no declararía estado de sitio u ordenaría una acción militar, a menos que fuera necesario defender las oficinas estatales o proteger a los ciudadanos de la acción opositora.
Aunque se planificaba desplegar unidades en las regiones opositoras, estrategas militares “nos informaron que el presidente Evo Morales les dio instrucciones de no causar bajas civiles” y que cualquier intervención armada requería de una orden escrita impartida por él.
“Inclusive en caso de recibir tal instrucciones, los comandantes tenían previsto retirarse y acantonar a sus hombres en barracones”.
Un jefe militar reveló a la Embajada estadounidense que, en el peor de los casos, los uniformados se comportarían como sucedió en los enfrentamientos de La Calancha, pues se limitarían a vigilar los objetivos estratégicos sin intervenir en los enfrentamientos con los civiles.
En aquellos días de diciembre, el Gobierno procuró mostrarse como el que se esforzaba por convocar al diálogo. Hammer informa, entonces, a sus jefes que “no se sabe cómo, pero llegó un apoyo de cinco millones de dólares, que fueron utilizados para reforzar la presencia militar en las regiones adversas a Evo.
Además, el Gobierno erogó 1,3 millones de dólares para proveer a la Policía de equipos no letales antimotines. “Ese dinero fue supuestamente entregado por Venezuela, pero eso no está confirmado”. Demandará, dice el reporte, al menos semanas equipar y disponer a las tropas en las regiones hostiles al Gobierno.
La Embajada reporta que entre la oficialidad existe malestar porque advirtió la abierta intromisión de asesores venezolanos en la toma de decisiones militares y criticó la aparición pública del general Freddy Bersatti, entonces comandante del Ejército, con un poncho rojo.
Pese al dinero de Venezuela, un líder de la “media luna” dijo que se logró dividir a sus potenciales represores. La legación diplomática confió entonces en que, en caso de producirse la intervención armada, hubiera un incumplimiento selectivo de las órdenes presidenciales.
Los informes resaltan, según El País, que, “a diferencia de Chávez, Morales no tiene una red de amigos personales en el Ejército y los militares recelan de cualquier papel considerado político”. Desde que llegó al poder, Morales había pedido al Ejército que se declarara “socialista”; sin embargo, el comandante Vargas evitó dar ese paso. Pero Morales impuso su criterio y el pasado febrero el nuevo jefe, Antonio Cueto, proclamó al Ejército boliviano “socialista, antiimperialista y anticapitalista”.
Dicen que el MAS fomentó los disturbios en Pando
“El MAS fomentó deliberadamente los disturbios de Pando en septiembre (de 2008) para justificar un cerco militar, destituir al prefecto Leopoldo Fernández y detener a líderes de oposición para cambiar el balance del poder en el Senado”. Otro de los cables revelados por WikiLeaks da cuenta de que “la represión del Gobierno cambió el mapa electoral de Pando, causando que cientos de votantes de la oposición huyeran a Brasil, mientras que el traslado desde el altiplano de 2.000 nuevos integrantes de las fuerzas de seguridad serían posibles votantes” y favorezcan al partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En la anterior legislatura, la oposición controlaba la Cámara de Senadores y entre agosto y septiembre de 2008, estalló lo que el Gobierno calificó de “golpe de Estado cívico-prefectural”, que tuvo en la llamada “masacre de Porvenir” su punto más alto y que supuso el final del lío.
Grupos de campesinos e indígenas que se dirigían a un ampliado previsto en Cobija fueron interceptados por funcionarios prefecturales, que incluso habían cavado una zanja cerca de Porvenir, población situada a 19 kilómetros de la capital pandina, donde se produjo un ataque que derivó en la muerte de 13 personas y una cantidad no determinada de heridos y desaparecidos.
Cuatro días más tarde, un operativo militar logró la captura del entonces prefecto opositor pandino, Leopoldo Fernández, que fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde permanece desde entonces bajo detención preventiva en la cárcel de San Pedro y es sometido a juicio bajo la acusación de haber sido el autor intelectual de esa matanza. Junto a la ex autoridad departamental, otras 26 personas son sometidas al mismo proceso penal.
Incluso, una investigación efectuada por Rodolfo Mattarollo, experto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), inculpó a Fernández de la muerte de los campesinos en Porvenir. Mientras tanto, cientos de actores opositores directos e indirectos de la matanza huyeron a las ciudades brasileñas de Villa Epitaciolandia y Brasileia. Brasilia les concedió posteriormente refugio político.