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Gregoria Apaza sí rinde cuentas

En el marco del derecho de los bolivianos a ejercer control social de instituciones, la Central Obrera de El Alto (COR) tiene en su mira a diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), a las que ha pedido rendir cuentas sobre sus actividades y finanzas.




Escuche la entrevista a
Cecilia Enríquez *


La petición no ha sido muy elegante. Acompañados de presiones y diálogo violento, representantes de esta poderosa organización social han amenazado con expulsar a las ONG's. Una de ellas es el Centro de Promoción de la Mujer "Gregoria Apaza". Radio Nederland conversó con su directora Cecilia Enríquez.
Anna Karina Rosales.- La Central Obrera de El Alto duda que su institución haya rendido cuentas, y por eso emprende esta acción amparada en el control social al que tienen derecho los bolivianos, según la nueva Carta magna.
Cecilia Enríquez.- La nueva Carta, efectivamente, establece el control de vigilancia social. El artículo 242 de la Carta magna señala que todos los recursos que son estatales pueden someterse al control de vigilancia social. En este marco nosotras también hemos sido impulsoras de ese control, y en lo que se refiere a ONG's y, en específico a Gregoria Apaza, nosotras tenemos semestralmente auditorías que avalan que nuestro trabajo es transparente, que trabajamos por la población alteña, y que todos los recursos donados benefician a la población alteña. Y es así que hemos rendido informe para la Central Obrera Nacional, para las juntas vecinales y para el comité de vigilancia, con el fin de aclarar estas dudas que pueden existir y que no son casuales.

Quisiera dejar en claro que la coyuntura política electoral que se vive en Bolivia lleva a estos cuestionamientos por gente que se quiere "lanzar". Además, El Alto es el bastión del MAS, en términos de votación. En el proceso del referéndum pasado, El Alto ha sido la ciudad donde el MAS ha tenido mayor votación a escala nacional. Lo que quiere la derecha es perforar este bastión que tiene el MAS en El Alto, para recuperarse y recuperar votos. Esta amenaza de la toma de ONG's se enmarca en esto. Ya tenemos un antecedente inmediato de la semana pasada, que fue la toma de la casa de Víctor Hugo Cárdenas, una persona que se oponía al proceso de cambio, y cuya propiedad se tomaron alegando que no cumplía labor social. Luego vienen estas amenazas contra nosotras, infundadas, con calumnias. Lo que se pretende es mostrar que hay una inseguridad legal en Bolivia y que no hay un Estado de derecho. Eso afecta directamente al MAS pero también a la población que se beneficia de los servicios. Quiero comentar también que los servicios que Gregoria Apaza rinde en El Alto son los únicos que brinda una ONG. Nosotras tenemos anualmente 8 mil personas alteñas que pasan por nuestros servicios de capacitación técnica, atención de violencia, fortalecimiento de liderazgos y participación de las personas en nuestra radio Pachamama, que es nuestro medio de comunicación.

A.K.R.- Su institución es cuestionada cuando hace trabajo social. ¿Es, entonces, una cuestión política?
C.E.- Evidentemente es una cuestión política, porque nosotras siempre hemos seguido el proceso de cambio. Apoyamos el proceso constitucional, que incluye los derechos de las mujeres y de los sectores históricamente excluidos como los indígenas. Estamos a favor de la pluralidad, la interculturalidad, la justicia social. Esos son los valores que proyectamos a través de la radio y de nuestros cursos de capacitación. Y es en este marco que se está cuestionando a Gregoria Apaza. La gente que nos cuestiona tiene una filiación política.

A.K.R.- Y si hubiera que situar a Gregoria Apaza en una tendencia o filiación política, ¿ dónde la ubicaría?
C.E.- Nosotros no tenemos una filiación política. Estamos a favor de un proceso de cambio, de una inclusión social más allá de cualquier gobierno de turno. No somos ni del MAS ni de la derecha. Apoyamos un proceso de cambio que, creemos, es el destino al que nuestro país tenía que llegar, y que es la inclusión indígena y la inclusión de las mujeres en las decisiones políticas. Eso es a lo que apuntamos.

A.K.R.- ¿Está Gregoria Apaza dispuesta a mostrar nuevamente sus declaraciones y demostrar que todo está en orden?
C.E.- Obviamente que hemos dicho que lo vamos a hacer. Pero ya antes de pasar a todos estos problemas, tuvimos una reunión con la gente de la Central Obrera. Fue un encuentro muy autoritario, muy vertical, con amenazas de latigazos, con amenazas de castigar incluso a toda la gente. Hemos recibido el apoyo de 180 organizaciones de acá que mandaron cartas a la COR y a las otras instituciones que nos están cuestionando, las cuales incluso amenazaron con azotar y pegar a las personas que se habían manifestado a favor. Eso constituye un autoritarismo y verticalidad espantosos. Nosotras no nos vamos a someter a ningún diálogo en esas condiciones de autoridad, autoritarismo y patriarcado. Nosotras vamos a entregar nuestro informe en condiciones de seguridad, claras y seguras.

A.K.R.- Ustedes quieren continuar su trabajo con tranquilidad. ¿Qué actitud esperan de las autoridades para que no vuelva a ocurrir este tipo de confrontaciones?
C.E.- El Ejecutivo ya se pronunció. El vicepresidente dijo en conferencia de prensa que no iba a avalar ninguna toma, porque dentro de la Constitución también está el derecho a la propiedad privada y sobretodo cuando esta está cumpliendo una labor social, porque eso no se nos puede cuestionar. Otro de los puntos que destacó el vicepresidente fue el derecho de las organizaciones sociales de saber cuál era el accionar de las ONG's, lo que nos parece legítimo, y por eso es en ese marco que lo vamos a hacer. El tercer punto fue el apoyo al trabajo de las organizaciones sociales como la nuestra. Nosotros hemos trabajado siempre por y para las mujeres alteñas y hay mucho conocimiento del trabajo que realiza Gregoria Apaza. Porque en un Estado como Bolivia, que tiene deficiencias de recursos para garantizar los derechos de las bolivianas y bolivianos, las ONG's serias nos convertimos en un tercer brazo del Estado y cumplimos funciones sociales que el Estado no puede cumplir.

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