Impacto Informativo

El arraigo y la anotación preventiva del 50 por ciento de los bienes del candidato del Plan Progreso para Bolivia (PPB), Manfred Reyes Villa, fue acordado el domingo pasado en una reunión de evaluación del MAS que contó con la participación de la ministra de Justicia, Célima Torrico.

La denuncia corresponde al directorio de campaña del PPB-CN de Cochabamba, integrado por Moisés Revollo, Wilson Espinoza, Mauricio Muñoz, Apolinar Rivera y Hernán Méndez, quienes informaron que el pasado domingo por la mañana en oficinas de la Federación de Productores de Coca se tomó la decisión de arraigar a Reyes Villa para impedir haga campaña fuera del país.

Indicaron que disponen de datos fidedignos que comprometen a la ministra de Justicia, Célima Torrico en esos trajines, ya que los dirigentes masistas le encomendaron garantizar una decisión judicial contraria a los intereses electorales de Reyes Villa, persuadiendo a la fiscal Ingrid Mercado y Mirtha Montaño su "colaboración".

Los dirigentes del PPB-CN, precisaron que momentos antes de ejecutar la instrucción partidaria, el Presidente Evo Morales Ayma, que participó de la reunión, llamó severamente la atención tanto a la ministra Torrico como a los dirigentes departamentales por su escaso compromiso y trabajo en la campaña electoral.

"El Presidente Evo Morales muy molesto recriminó a sus dirigentes por el avance electoral de Reyes Villa en Cochabamba debido a la dejadez y falta de compromiso con el proceso de cambio", indicaron.

Recordaron que por la tarde del pasado domingo, el candidato oficialista participó de la apertura de una casa de campaña en pleno centro de la ciudad de Cochabamba, donde lanzó duros ataques a Reyes Villa acusándolo de corrupto.

PREVARICATO: Según Apolinar Rivera, la ministra Torrico cumplió a cabalidad las decisiones partidarias, instruyendo a los abogados de la Prefectura tomen contacto con la fiscal Mercado y la jueza Montaño para garantizar un dictamen contrario a Reyes Villa.

"Contamos con datos y algunas pruebas para pensar que ambas autoridades judiciales actuaron con premeditación para sancionar a Reyes Villa y lograr su arraigo e hipoteca de una parte de sus bienes, cayendo en la figura legal de prevaricato. No descartamos iniciar procesos por esa figura jurídica, ya que no puede actuarse impunemente", afirmó.

Por su parte, el abogado Alex Brañez, miembro del equipo jurídico de Reyes Villa, ratificó que la fiscal Mercado y la jueza Montaño mantienen vínculos políticos con dirigentes y funcionarios jerárquicos del Movimiento Al Socialismo.

"La fiscal Mercado es sobrina política del encargado de negocios en Venezuela, Jorge Alvarado y la jueza Montaño forma parte de los entornos íntimos del viceministro de Lucha Anticorrupción, Hugo Montero Lara. Todo esto quedó comprobado con la decisión de la jueza Montaño de arraigar y hipotecar los bienes de Reyes Villa", finalizó.