Impacto Informativo

Dos Diputados de la bancada opositora de Convergencia Nacional, presentaron el viernes un proyecto de Ley ante la Cámara de Diputados destinado a normar la iniciativa legislativa ciudadana, el pedido de referéndum y para dar validez a las 800 mil firmas que rechazan la vigencia de los Artículos 16 y 23 de la Ley de Lucha Contra el Racismo.

Luego que las organizaciones de la prensa anunciaron la recolección de firmas en rechazo a esos dos artículos que penalizan la labor de los medios de comunicación racistas y ordena el cierre de los mismos, Diputados y Senadores del MAS anticiparon que dicha campaña no tendría validez porque no existiría una Ley que regule la aplicación de la iniciativa legislativa.

Para subsanar ese vacío legal, los Diputados José Luis Gantier y su colega Adrián Oliva entregaron su propuesta de 14 Artículos y una disposición transitoria que fijan los requisitos para presentar la iniciativa legislativa ciudadana, las materias en materia de legislación y también el procedimiento para tratamiento expedito en la Asamblea.

Gantier señaló que se contempla el referéndum como una segunda opción y que con el apoyo de de firmas un determinado tema se someta a consideración del pueblo en el nivel nacional, departamental o municipal, para que luego en caso de recibir a aprobación popular, sea homologado y promulgado.

El legislador precisó que la disposición transitoria establecida facilita que las iniciativas en curso como de las organizaciones de la prensa, puedan ser incorporadas en el marco de esta propuesta para que la Asamblea tenga la obligación de tratarlas y dar la viabilidad que corresponda.

Desafío al oficialismo

Manifestó que con este proyecto de ley no existe ningún motivo y ninguna razón para negar alguna iniciativa ciudadana porque se debe respetar a todos aquellos ciudadanos que hayan formulado alguna propuesta al Legislativo.

Advirtió que si la Asamblea no considera el proyecto de ley ya no será un problema legal o de orden constitucional, sino de una actitud política frente a la iniciativa de la prensa , por lo cual los oficialistas tendrán que asumir las responsabilidades políticas de prohibir el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución.

En ese marco, el diputado Oliva citó el artículo 109 de la Constitución Política de Estado donde se señala que "todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección", aunque el parágrafo segundo señala que "los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley".

"El desafío está abierto al igual que el pedido al oficialismo para que discuta esta norma, pedimos que trate y debata de cara al pueblo boliviano porque de lo que se trata es que el ciudadano participe y sea actor fundamental del proceso legislativo", declaró.